La crisis económica que comenzó en el
2007 ha afectado especialmente a las capas sociales más desfavorecidas, y
entre ellas a las personas migrantes residentes en España. Son
precisamente éstas las primeras que se quedaron en paro, victimas de
oleadas de despidos que se sucedieron cuando comenzó a manifestarse la
crisis financiera e inmobiliaria (el 18 % para la población autóctona,
un 30 % para la población inmigrante). Actualmente, son casi cinco
millones de desempleados/as, cuya mayoría encuentra además mucha
dificultad en volver al mercado de trabajo, y poniendo en extrema
precariedad la situación personal y familiar de las y los migrantes, ya
que su residencia legal en España está ligada a la ocupación de un
puesto de trabajo.
Para enfrentarse a esta crisis, las políticas gubernamentales se
traducen en ataques sin precedentes de los derechos laborales y
sociales, en recortes del gasto público y en el desmantelamiento de los
servicios públicos y de garantías sociales. El recorte de los servicios
públicos puesto en práctica por parte de todas las administraciones
públicas afecta en mayor medida a la población migrante, olvidándose que
en los años del “milagro económico”, de la fiebre urbanística, fueron
las personas migrantes las que contribuyeron a la creación de riquezas, a
mantener altos los beneficios de las empresas constructoras con sus
bajos salarios, y con sus cuotas a la Seguridad Social a financiar el
superávit de ésta; pero todo ello se olvida y son junto con las y los
trabajadores autóctonos los que están llamados a pagar el precio de esta
nueva crisis económica.
Frente a estos retrocesos y pérdidas de
derechos sociales y en previsión de los conflictos sociales que se
puedan desencadenar, el gobierno mantiene y endurece sus leyes y sus
políticas de control, con el aumento de los controles policiales de
identidad y de las redadas racialmente selectivas, con expulsiones
masivas, etc. La propia Ley de Extranjería establece cuál es la
migración deseable y cuál puede ser legitima, crea jurídicamente la
diferencia en el acceso a derechos laborales, políticos y sociales; es
una ley que discrimina y excluye. Las personas migrantes tenemos una
ciudadanía limitada.
En este contexto de crisis económica y de
expansión de las políticas conservadoras y derechistas en Europa y en
España, asistimos cada vez más a prácticas y discursos institucionales
racistas y xenófobos. La culpabilización social de la crisis y de la
delincuencia a la población migrante, la divulgación de mensajes
racistas y populistas tales como “los españoles primero”, crean cabezas
de turco y exacerban sentimientos nacionalistas y discriminatorios en la
población laboral autóctona. Y en la actual campaña electoral,
asistimos una vez más a un uso partidista de la migración y a la
utilización de la xenofobia para sacar un rédito electoral por parte de
distintos partidos políticos.
Tras las movilizaciones que
comenzaron el 15 de mayo de 2011, los medios de comunicación se han
tenido que hacer eco de la aspiración de gran parte de la sociedad de
que haya cambios profundos en la devaluada democracia española, y los
partidos políticos parlamentarios se han visto obligados a comenzar a
hablar de reformas democráticas del sistema político.
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