La crisis económica que comenzó en el
2007 ha afectado especialmente a las capas sociales más desfavorecidas, y
entre ellas a las personas migrantes residentes en España. Son
precisamente éstas las primeras que se quedaron en paro, victimas de
oleadas de despidos que se sucedieron cuando comenzó a manifestarse la
crisis financiera e inmobiliaria (el 18 % para la población autóctona,
un 30 % para la población inmigrante). Actualmente, son casi cinco
millones de desempleados/as, cuya mayoría encuentra además mucha
dificultad en volver al mercado de trabajo, y poniendo en extrema
precariedad la situación personal y familiar de las y los migrantes, ya
que su residencia legal en España está ligada a la ocupación de un
puesto de trabajo.
Para enfrentarse a esta crisis, las políticas gubernamentales se
traducen en ataques sin precedentes de los derechos laborales y
sociales, en recortes del gasto público y en el desmantelamiento de los
servicios públicos y de garantías sociales. El recorte de los servicios
públicos puesto en práctica por parte de todas las administraciones
públicas afecta en mayor medida a la población migrante, olvidándose que
en los años del “milagro económico”, de la fiebre urbanística, fueron
las personas migrantes las que contribuyeron a la creación de riquezas, a
mantener altos los beneficios de las empresas constructoras con sus
bajos salarios, y con sus cuotas a la Seguridad Social a financiar el
superávit de ésta; pero todo ello se olvida y son junto con las y los
trabajadores autóctonos los que están llamados a pagar el precio de esta
nueva crisis económica.
Frente a estos retrocesos y pérdidas de
derechos sociales y en previsión de los conflictos sociales que se
puedan desencadenar, el gobierno mantiene y endurece sus leyes y sus
políticas de control, con el aumento de los controles policiales de
identidad y de las redadas racialmente selectivas, con expulsiones
masivas, etc. La propia Ley de Extranjería establece cuál es la
migración deseable y cuál puede ser legitima, crea jurídicamente la
diferencia en el acceso a derechos laborales, políticos y sociales; es
una ley que discrimina y excluye. Las personas migrantes tenemos una
ciudadanía limitada.
En este contexto de crisis económica y de
expansión de las políticas conservadoras y derechistas en Europa y en
España, asistimos cada vez más a prácticas y discursos institucionales
racistas y xenófobos. La culpabilización social de la crisis y de la
delincuencia a la población migrante, la divulgación de mensajes
racistas y populistas tales como “los españoles primero”, crean cabezas
de turco y exacerban sentimientos nacionalistas y discriminatorios en la
población laboral autóctona. Y en la actual campaña electoral,
asistimos una vez más a un uso partidista de la migración y a la
utilización de la xenofobia para sacar un rédito electoral por parte de
distintos partidos políticos.
Tras las movilizaciones que
comenzaron el 15 de mayo de 2011, los medios de comunicación se han
tenido que hacer eco de la aspiración de gran parte de la sociedad de
que haya cambios profundos en la devaluada democracia española, y los
partidos políticos parlamentarios se han visto obligados a comenzar a
hablar de reformas democráticas del sistema político.
Hablan de
listas abiertas para las elecciones de las cámaras parlamentarias, de
impulsar las iniciativas legislativas populares, de establecer un escaño
ciudadano para defenderlas, pero se olvidan de una clara restricción
democrática que sufre cerca de un millón y medio de personas, por el
mero hecho de no tener la nacionalidad española: el derecho de voto, el
más decisorio de los derechos de participación política.
La
excusa tradicional que las fuerzas políticas parlamentarias han opuesto
siempre a la concesión de este derecho es el impedimento constitucional
en la necesidad de acuerdos internacionales recíprocos entre España y
los Estados de los que sean nacionales las personas migrantes. Pero hoy
queda clara la hipocresía del argumento: cuando los mercados y la Unión
Europea han reclamado la modificación de la Constitución para consagrar
el principio de limitar el gasto público, por un procedimiento exprés se
ha hecho esa modificación. ¿Por los intereses de los grandes bancos y
empresas europeas hay que modificar la Constitución española y por los
derechos de los/as ciudadanos/as extranjeros/as residentes en España,
no?
Está claro que el derecho de voto de las personas migrantes
no lo van a conceder los partidos políticos parlamentarios por su propia
voluntad; todos los derechos que han obtenido reconocimiento a favor de
las y los trabajadores y las clases populares han sido a consecuencia
de amplias movilizaciones sociales dirigidas contra las instituciones
del Estado para que éste reconozca esos derechos. Ese es el único camino
que tenemos por delante para conseguir el reconocimiento del derecho al
voto para la población extranjera residente en España.
Por todo
ello llamamos a todas las organizaciones de migrantes, de apoyo a la
población migrante, a organizaciones sociales, sindicales y políticas a
defender:
1- El derecho al sufragio activo y pasivo para todas las
personas migrantes que residan en España en las mismas condiciones que
la población española ya que es uno de los derechos fundamentales de las
personas, tal como recoge la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, así como que la ciudadanía se asocie a la residencia y no a la
nacionalidad.
2- Que la Constitución Española y todas las leyes
que la desarrollan se modifiquen, de forma que se acoja el derecho al
voto en las condiciones anteriormente indicadas.
3- Que se derogue
la Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, por ser una ley que crea un régimen jurídico
discriminatorio para la población migrante y que va en contra del primer
articulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el que
se afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos.
4- Nuestra plena solidaridad y nuestra
participación activa con los/as trabajadores/as nativos/as en la
denuncia de las políticas de explotación laboral y de recortes sociales,
así como de las situaciones de exclusión o violación de los derechos de
los migrantes, ya que consideramos que la integración de los migrantes
sólo es posible desde dinámicas combativas y vinculadas al movimiento
social en lucha contra la explotación, la opresión y el racismo.
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