La situación estatal sigue siendo cuanto menos alarmante; las cifras de paro que nos acercan a los 5 millones de parados y paradas. Y las cifras de precariedad y temporalidad no hacen más que aumentar, así como las tasas de endeudamiento familiar. Las condiciones del conjunto de la ciudadanía no hacen más que degradarse con cada medida antisocial del gobierno, pero la respuesta política, social y sindical a la altura del contexto histórico, sigue sin producirse. En esta línea de profundización de los recortes, en el sistema educativo, y en lo que se refiere al ámbito universitario sigue desarrollándose la aplicación de distintos ejes de la EU2015.
Con respecto a las enseñanzas medias, las regresiones están definidas por la orientación neoliberal de la educación secundaria, bachillerato y FP, hacia las necesidades del tejido productivo. Dichas medidas se concretan en la aprobación del Estatuto del Estudiante universitario, que no ha contado con un proceso democrático de debate en la comunidad estudiantil, que no tiene garantías materiales para el cumplimiento de los derechos, mantiene principios del régimen sancionador franquista de 1954, y que crea un Consejo Estatal de Estudiantes Universitarios, de funcionamiento vertical, del cual el presidente es el propio ministro, y no integrador de la pluralidad del movimiento estudiantil.
En el eje de financiación universitaria, dos son las medidas que avanzan en el sentido de la privatización, la precarización y la mercantilización. Por un lado el empeoramiento de las condiciones de pago y devolución de los préstamos para estudios de posgrado y máster, concretadas en la desaparición del interés cero con la creación de intereses, y en la supresión del retraso en la devolución en el caso de que el prestatario no superase al trabajar un salario de 22.000 €.
Analizando el eje de ‘Gobernanza’, el documento que pretende modificar el modelo organizativo de la universidad pública suprimiendo la débil democracia existente, por un sistema de gobierno empresarial de la universidad al servicio de las necesidades mercantiles, prosigue su proceso de difusión y contrastación con la comunidad universitaria en cuanto a sus posibles oponentes.
La declaración de los presidentes de los consejos sociales de las siete universidades públicas catalanas apoyando firmemente este sistema de gobierno, llevó al Claustro de la UB (Universitat de Barcelona), a iniciativa del movimiento estudiantil y de sectores afines, a votar por la destitución de Joaquín Coello, presidente del consejo social de la UB.
En complicidad con los consejos sociales, el gobierno de la Generalitat de Catalunya ya ha emprendido una ofensiva para defender una postura catalana de impulso del modelo de gestión empresarial de la universidad pública. Màrius Rubiralta, secretario general de universidades del gobierno español, ya ha anunciado la imposibilidad temporal de modificar la LOM-LOU antes de las elecciones generales para el encaje legal de la reforma.
A su vez, Rubiralta anima a las comunidades autónomas para que dentro del marco de sus competencias, aumenten las funciones de los consejos sociales, hasta cuando se haya modificado el marco legal. Después de las elecciones del 22 de mayo a las asambleas legislativas de 13 comunidades autónomas, es muy probable que distintos gobiernos autonómicos aceleren el proceso tanto en el eje de ‘gobernanza’, como en el de financiación.
La orientación neoliberal de las enseñanzas medias hacia las necesidades del tejido empresarial se concreta en los últimos meses en las trabas de acceso del estudiantado de FP a la universidad, por la ley complementaria de la ley de economía sostenible que modifica la LOE y la de FP, y por el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de crear el bachillerato de excelencia, que sólo avanza en la elitización y en la segregación del estudiantado de secundaria, en lugar de aumentar las partidas presupuestarias en educación para mejorar la calidad general de la educación pública, lo que sienta otra base para un nuevo impulso de la privatización de las enseñanzas medias en un futuro próximo.
El periodo de verano será con toda probabilidad de nuevo la fecha elegida por ayuntamientos y comunidades autónomas, pero también por el Gobierno de España para realizar las próximas reformas educativas y económicas, aprovechando las vacaciones y la dispersión de los movimientos contestatarios.
En relación al movimiento estudiantil, el XV Encuentro de EeM, celebrado en Sevilla los días 11, 12 y 13 de marzo, y acogido por el MAE, ha supuesto un importante avance en lo organizativo, en cuanto que ha permitido acordar un modelo organizativo que supera el punto de encuentro constituyendo una red organizada, consolida las comisiones permanentes como estructuras de trabajo entre Encuentros, e introduce el voto por mayoría de dos tercios, primando siempre el consenso.
En lo político, este encuentro de EeM ha apostado por una estrategia y calendario de movilizaciones unitarias, que se ha traducido en lo más inmediato en una semana de lucha del 4 al 9 de abril desde el discurso contra la precariedad juvenil, y en la preparación de una campaña de comunicación para extender la movilización al inicio del próximo curso político. Paralelamente, se ha continuado con el trabajo de análisis y elaboración de campañas en materia educativa por parte de EeM.
En cuanto a las realidades locales, varias son las organizaciones estudiantiles que han movilizado en los últimos meses y semanas. Entre estas movilizaciones, podríamos señalar el encierro que tuvo lugar en la USCompostela a finales de enero, la exitosa huelga estudiantil de secundaria de febrero en la Región de Murcia contra los recortes en el sistema público y educativo, que se concretó en una manifestación regional con 2.000 estudiantes, sobretodo de enseñanzas medias, o la manifestación de finales de marzo que reunió a más de 1000 estudiantes en Oviedo en defensa de la universidad pública y contra el proceso de Bolonia.
En cuanto a las movilizaciones desarrolladas en abril, bajo el respaldo de la plataforma Juventud Sin Futuro y Estudiantes en Movimiento (EeM), cabe destacar que han sido de naturaleza muy diversa (charlas, asambleas, manifestaciones, concentraciones…) y que han recibido un respaldo muy irregular en todo el territorio ( Madrid, Sevilla, Murcia, Almería, Alicante, Valencia, Salamanca o Santander), pero por lo general un eco mediático destacable.
Resultó significativo el éxito de la iniciativa Juventud Sin Futuro lanzada desde el movimiento estudiantil madrileño y que convocó una manifestación el 7 de abril a la cual asistieron unas 5.000 personas, y que incluso parece estar extendiéndose como iniciativa propia en algunos territorios del País Valenciá, Baleares, … Las convocatorias de abril, lanzadas desde el movimiento estudiantil, como único actor político que entendíamos con capacidad de iniciativa, pero dirigidas a movilizar al toda la juventud contra los recortes del gobierno, podemos resolver que han tenido, sobre todo gracias a la repercusión mediática, un moderado éxito.
Estas movilizaciones supusieron un impulso tanto a gran parte de la organización, como al movimiento juvenil sobre todo estudiantil, paralizado tras las movilizaciones de Bolonia y que se encontraba en pleno proceso de reflujo. Aunque no han alcanzado el nivel de conflictividad social ni el “efecto contagio” en el conjunto del estado que sería de esperar, sí que hay que reconocer el éxito de esta movilización precisamente en un periodo caracterizado por la desmotivación y reflujo de las luchas contra las políticas de ajuste y recorte social.
Es importante, como reto en el corto-medio plazo, seguir participando de la iniciativa “Juventud sin Futuro”, que se ha mostrado como un acierto importante, y las movilizaciones juveniles del 26 octubre de EeM, extenderlas a otros sectores organizados de la juventud (movimientos vecinales, obreros, de barrio, etc...) superando el marco del movimiento estudiantil y consiguiendo que en su seno se involucren sectores no organizados de la juventud.
En la medida de las posibilidades de cada territorio, y de forma natural y planificada, la coordinación de nuestra intervención en cuanto a estas movilizaciones tendrá que pasar inevitablemente y de forma gradual de las estructuras sectoriales a las unitarias, en la medida que las protestas y las manifestaciones vaya superando el ámbito meramente estudiantil.
No podemos renunciar a participar en espacios político-sociales que garantizan el aumento y la visualización pública del conflicto social. Por otro lado, y como veníamos advirtiendo, debemos tener en cuenta el desarrollo de las negociaciones entre la patronal y los sindicatos mayoritarios iniciadas en abril, en torno a la negociación colectiva, y que en los últimos días han sido pospuestas hasta después de las elecciones municipales y autonómicas y en las que la CEOE se presenta con propuestas de máximos.
También a tener en cuenta, el globo sonda lanzado en precampaña y campaña electoral por altos cargos de PP y PSOE acerca del “copago” , y que es la primera meta volante hacia la privatización de la sanidad pública, varias administraciones autonómicas (Murcia, Madrid..) ya están estudiando formulas para aplicarlo. Y debemos preocuparnos, porque no parece al menos en el corto plazo, que los sindicatos mayoritarios vayan a rectificar su posición pactista y antisocial.
Como ejemplo paradigmático, pero generalizado, de multinacional que ha contribuido a generar y a aprovechar este agudización de las contradicciones capitalistas, Telefónica-Movistar prevé recortes de más de un 20% de su plantilla en España, lo que supone el despido de 5.600 trabajadores y trabajadoras (que se supone serán “pactados”), mientras ganó 10.167 millones de euros en 2010, el mayor reportado por una empresa española con un incremento del 30,8% respecto a 2009.
De la misma manera, la multinacional ha hecho pública su intención de entregar a sus accionistas casi 8.000 millones de euros en 2012, así como de hacer una revisión del Plan de Incentivos que repercutiría en su equipo directivo en unos 450 millones de euros. Este plan de la transnacional española, con estos beneficios a costa también de un contexto de crisis, es un grave insulto a la clase trabajadora que representa de manera clara y didáctica quien está pagando la crisis con sus derechos y quienes se están llenando los bolsillos gracias a la misma.
El contexto político estatal, también ha venido determinado, sobre todo mediáticamente, por la ilegalización de las candidaturas de Sortu y la decisión en última instancia, del Tribunal Constitucional de permitir la participación electoral de la coalición formada por EA (escisión del PNV) Alternatiba ( reciente escisión Ezker Batua) e independientes abertzales.
Después de la campaña emprendida por los medios de comunicación y partidos del orden, que han venido ejerciendo una formidable presión sobre los distintos tribunales, de cara a intentar cercenar los derechos constitucionales e inalienables de la coalición Bildu.
Pero el máximo nivel de presión lo ejercen estos medios sobre el conjunto de la sociedad, a la que pretenden hacer ver, que impedir el ejercicio de sus derechos constitucionales a opciones políticas distintas es lo sano, lo recomendable y hasta lo legal. Para ello no dudan en utilizar todo tipo de malas artes y estrategias cuestionables que rayan lo delictivo desde sus tribunas periodísticas.
Todo esto significa, que estas elecciones serán el único proceso electoral desde 2003 en las que podrán concurrir candidaturas de la izquierda abertzale en todos los municipios de Euskadi y Navarra. Y permitirá valorar el apoyo social de la misma tras su decisión de rechazar todo uso de la violencia, incluida la de ETA.
A nivel estatal, debemos de nuevo también destacar el progresivo aumento de la estrategia de criminalización y represión por parte de los poderes públicos contra los movimientos sociales y la izquierda política, en una estrategia que lleva a entre otros, a nuestras militantes y nuestros militantes abocados a juicios, multas, vejaciones y condenas perversas, arbitrarias, injustas… dirigidas a la intimidación represiva contra las acciones contestatarias en toda España. Tenemos ejemplos desde Langreo, a Euskadi, pasando por Córdoba, Barcelona o Madrid.
En este contexto, la Iniciativa Stop Represión, que aún no hemos conseguido que termine de despegar, se sigue mostrando como una herramienta utilísima para generar solidaridad activa, discurso, respaldo político y judicial, así como económico, en torno a la lucha contra la represión y la criminalización de la juventud combativa y revolucionaria.
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