El próximo 14 de Abril conmemoramos el 81 aniversario de la proclamación de la II Republica. Lo hacemos en unos momentos de recortes en los derechos sociales y de limitación de las libertades colectivas e individuales nunca antes conocidos tanto por su profundidad como por el corto espacio de tiempo en que se están produciendo.
Las políticas neoliberales aplicadas primero por el gobierno de Zapatero y ahora por el del PP, al servicio ambos de los intereses del capital financiero y especulativo, han profundizado la crisis económica y empeorado las condiciones de vida de las gentes trabajadoras creando una situación sin precedentes en cuanto a desempleo, precariedad laboral, aumento de la pobreza y de la exclusión social.
Las reformas que se están implementando, con la excusa de la salida de la crisis, pretenden cambiar el modelo de relaciones sociales que conocíamos hasta ahora y acabar con el estado social y de derecho que era la base de las democracias occidentales desde el fin de la segunda guerra mundial.
La pérdida de derechos laborales y sociales, la privatización de servicios públicos esenciales puestas en práctica con las dos últimas reformas laborales y otras medidas del gobierno nos llevan a un nuevo modelo de relaciones sociales donde prima la “ley del más fuerte”, el ideal del liberalismo político. A esta peligrosa deriva social se une la descarada intromisión del capitalismo transnacional en la soberanía nacional. El chantaje de los “mercados” a los países europeos, especulando primero con la deuda pública, imponiendo luego condiciones draconianas para su pago y gobiernos tecnocráticos para su cumplimiento junto a la sumisión a los mismos del conjunto de los gobiernos europeos y de la UE ponen también en peligro el propio régimen democrático tal y cómo lo hemos venido conociendo.
La última reforma de la Constitución del 78 ha constitucionalizado al neoliberalismo al poner por encima de cualquier consideración el pago de la deuda externa, la sumisión a los “mercados”, con ello, las fuerzas al servicio del capital financiero especulativo han dinamitado el pacto constitucional y convertido en papel mojado el estado social y de derecho que proclama dicha Constitución.
Una ruptura política pero también social, especialmente social, como esta crisis permanente nos esta demostrando. El actual marco jurídico, político y administrativo sustenta y posibilita el que las clases trabajadoras somos ahora más pobres y las clases dominantes más ricas.
Esto significa hoy la imposibilidad de encontrar un empleo digno, una vivienda y emanciparse, menos servicios sociales, deterioro de la educación y la sanidad... , significa un retroceso sin precedentes en derechos sociales, laborales y políticos, un cambio de régimen que nos retrotrae al siglo XIX.
La juventud sabe especialmente bien de que estamos hablando y por eso están empezando a protagonizar movilizaciones ante la ausencia de un futuro medianamente certero. Sus vidas están condenadas a la precarización y la explotación y nadie les habla de que la situación va a mejorar. Más bien al contrario.
El Partido Comunista de España no se resigna, no acepta como irremediable el actual estado de las cosas y estamos convencidos que conectamos con la mayoría de la sociedad cuando decimos que la crisis no puede recaer en las espaldas de los más débiles, el resultado de las pasadas elecciones andaluzas y asturianas, el éxito de la Huelga General nos muestran el camino: la movilización y la resistencia son nuestras armas, por eso desde el PCE venimos proponiendo una salida social y democrática anticapitalista a la crisis que construya en torno a ella un bloque social mayoritario que permita una salida de la crisis que ponga la economía al servicio de las personas trabajadoras y no al del capital, que recupere y profundice derechos en vez de eliminarlos, que priorice la creación de empleo estable y de calidad y no el pago de la “deuda”.
A principios del siglo XX la idea de la República significaba para los trabajadores y trabajadoras un régimen que reconocería derechos laborales, sociales y políticos y que mejoraría sus condiciones de vida, su proclamación en 1931 y la Constitución que aprobaron las Cortes confirmaron sus esperanzas. La II República española, una república de trabajadores y trabajadoras, fue destruida por las clases dominantes por atreverse a intentar acabar con los privilegios de unos pocos para poner la economía al servicio del ser humano, de las mayorías sociales.
Hoy, a principios del siglo XXI La Republica de España vuelve a ser la respuesta en positivo, la respuesta ilusionante, la manera democrática de constitucionalizar la justicia social y el reparto equitativo de la riqueza. La Republica de España debe ser la solución al empleo, a los desahucios y al dominio de la banca sin escrúpulos entre otras cuestiones que hoy angustian a millones de españoles.
Somos una tierra de recursos y gente trabajadora. España es rica pero desigual, muy desigual, baste decir que las grandes empresas defraudan cada año 62.480 Millones de euros ¡cada año! En comparación cabe decir que el primer gran recorte de Rajoy ha sido de unos 14.000 Millones. Hay dinero, hay riqueza, hay posibilidades, pero están muy mal repartidas y dirigidas.
Pan, trabajo y libertad pedíamos en el proceso constituyente que concluyó con el texto de 1978 que estableció la Monarquía Parlamentaria. Esas mismas cuestiones son las que hoy nos apremian a alumbrar un nuevo proceso constituyente hacia la III Republica de España, que va a posibilitar una Jefatura democrática del Estado pero que, sobre todo, está llamada a acortar la brecha social entre ricos y pobres, a restablecer los derechos que nos están robando y a constitucionalizar otros nuevos que también reivindicamos.
En ese proceso constituyente ya trabajamos multitud de colectivos y organizaciones republicanas como pudimos ver recientemente en el encuentro republicano celebrado en Madrid el pasado 21 de enero y en el cual se constituyo la Junta Estatal Republicana.
Llegamos también a este aniversario de la proclamación republicana en España con una Casa Real en sus momentos más débiles. Hasta tal punto esto es así que se han visto obligados a dar a conocer por primera vez el destino de la cantidad de libre disposición que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para la Jefatura del mismo.
A esto hemos llegado no por dignidad democrática, no por presión popular a pesar de las miles de firmas de ciudadanos que pedían transparencia en las cuentas públicas. Hemos llegado a esto porque la sombra de la corrupción ha aparecido, públicamente por primera vez, en la Casa Real.
Este asunto ha puesto el foco en situaciones que antes pasaban más desapercibidas como los dos millones de euros que nos cuesta mantener el complejo de Marivent para que la Familia Real pase sus vacaciones. El caso Urdangarín, que no hay que olvidar que es una pieza del caso “Palmarena”, va a hacer que se sea menos condescendiente socialmente con los despilfarros de la Monarquía y su entorno y ha abierto interrogantes que precisan respuesta.
Más allá de la condena o no del personaje, está en juego el Estado de Derecho y la dignidad de una institución que se supone está al servicio de España. En este sentido es muy conveniente saber si el Rey intentó tapar los presuntos actos delictivos de su yerno cuando lo envío a EE.UU. como también sería bueno conocer si todos o algunos de los miembros de la Familia tienen cuentas en el extranjero y, por supuesto, de dónde provienen esos ingresos de esas cuentas.
Cada 14 de Abril los demócratas españoles tenemos una obligación de merecido homenaje a aquellos que defendieron la democracia frente al golpe de Estado de 1936. Los que la defendieron antes del golpe, los que lo hicieron durante el mismo y aquéllos y aquéllas que lucharon por la democracia en los 40 años de dictadura y entre ellos y ellas, especialmente a los miles de comunistas que perdieron sus vidas o parte de ellas en los muros de los cementerios, en las cunetas, en los frentes de batalla de Europa, en los campos de exterminio nazis y en las cárceles franquistas.
Sin embargo, esto no será posible si miles de ellos y ellas siguen “desaparecidos” en cunetas y fosas indignas. Mientras que el Estado no asuma su responsabilidad, no cumpla con los convenios y tratados internacionales, por uno de los mayores genocidios de la historia contemporánea, no podremos pasar esa página de la historia, desde aquí seguimos exigiendo, verdad, justicia y reparación.
El Partido Comunista de España rechaza la sentencia del Tribunal Supremo en todos aquellos extremos que no se refieran a lo que realmente estaban juzgando y para lo que se han establecido las oportunas garantías procesales, es decir, no consideramos competente a ese tribunal para juzgar los crímenes de la dictadura porque no ha puesto en marcha los mecanismos que marca la propia Ley para Juzgarlos. Estos son los correspondientes derechos de las victimas para personarse y dar su opinión sobre el proceso y los asuntos que se juzgan.
Ningún tribunal está legitimado para emitir sentencia alguna sin seguir un procedimiento que garantice los derechos procesales de las victimas. Dicho más claro, el citado tribunal no puede dictaminar, como ha hecho, que los crímenes del franquismo no son considerados delitos contra la humanidad sencillamente porque no estaba juzgando eso. Este tribunal se ha extralimitado conscientemente de aquello que estaba juzgando y para lo que había establecido los mecanismos garantistas de nuestro ordenamiento jurídico.
Las autoridades judiciales debieran actuar ante tal tropelía pero mucho nos tememos que no va a ser así. De ahí que hayamos decidido obviar todos aquellos extremos de la sentencia que no se refieran al asunto juzgado, la prevaricación o no del Sr. Garzón al investigar los crímenes del franquismo.
Seguimos pidiendo tutela judicial para aquéllos y aquéllas que fueron asesinados y enterrados en fosas comunes, seguiremos intentando la reparación judicial y a todos los efectos de los que fueron juzgados y asesinados tras juicios sumarísimos, y continuaremos buscando la manera de que los crímenes del franquismo sean considerados como lo que realmente son, delitos contra la humanidad y por lo tanto, siguiendo la doctrina del propio Supremo, delitos que deben ser conocidos, perseguidos y condenados por parte de los Tribunales de Justicia.
No olvidamos a los héroes de la democracia en este nuevo 14 de Abril, les rendimos el sentido homenaje que merecen y que en muchas ocasiones les han negado instituciones y partidos que se reclaman democráticos.
Sin duda la necesidad de abrir el proceso constituyente republicano está más extendido hoy que cuando hace un año celebramos el 80 aniversario. El empobrecimiento de la población, la falta de futuro y la reducción de servicios que creíamos para toda la vida están acrecentando esa necesidad.
La Republica que viene es el marco económico, social, político, cultural e institucional del que los ciudadanos y ciudadanas se dotan libremente y por el que se consienten para afrontar los problemas y sus soluciones. Es la respuesta a la injusticia y el desequilibrio social.
Es momento de unir esfuerzos en la idea común de la apertura del proceso constituyente republicano, a esa tarea nos vamos a entregar los comunistas y a esa tarea animamos a todos y a todas.
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