La patronal, amparada por los sucesivos
gobiernos, sigue saliendo impune de los fallecimientos de
trabajadores/as en sus puestos de trabajo. Un total de 540 trabajadores
perdieron la vida en 2013, trabajando o en el camino para hacerlo.
Mientras la siniestralidad laboral no se reduce, tampoco se cumplen las
normativas de seguridad que podrían ahorrar tantos fallecimientos.
En cambio, empresarios y gobiernos
siguen minando las condiciones laborales y atacando la dignidad de los
trabajadores. No son sólo la falta de medidas de seguridad, escasamente
penadas, sino que las mismas condiciones contractuales y la
precarización continua y constante incide también en que tantos
trabajadores pierdan la vida. Un hecho que se evidencia en el sector
servicios, donde mayores cotas de precariedad se sufren, y que ve año
tras año incrementar el número de trabajadores siniestrados. Pero no
solamente los fallecidos. Se produjeron además 459.535 accidentes que
llegaron a causar baja. Datos, que por otro lado, sólo contienen
aquellos casos en los que ha sido posible acceder a estos, a veces tan
difícil por el amparo que a las empresas les brindan las Mutuas.
Mientras tanto, la patronal, el gobierno
y sus voceros se han arrancado en el anuncio de la reducción de los
accidentes. Sin embargo, la realidad nos muestra que los datos
porcentuales de población empleada y accidentes laborales ha ido
incrementando, y las cifras que da el PP y la patronal no salen más que
de la ocultación del incremento del paro y la precarización de los
contratos. En este contexto de crisis, y con la reforma laboral como
marco legal, la impunidad ante los accidentes y su aumento van de la
mano.
Desde la Unión de Juventudes Comunistas
de España (UJCE) manifestamos que en el marco del capitalismo, donde
priman los intereses empresariales por encima de cualquier otro, tanto
los accidentes laborales como la falta de seguridad en el trabajo, son
elementos imposibles de erradicar. Sin embargo, debemos exigir que la
salud y la seguridad en el trabajo se consideren como una prioridad, que
se pongan los medios necesarios para luchar contra la siniestralidad
laboral y que se persigan y castiguen severamente todos y cada uno de
los delitos o imprudencias que repercutan en la salud de los y las
trabajadores/as.
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