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El Banco Santander ha lanzado una línea de
financiación “Plan Crédito Familiar” con dos campañas en su seno
destinadas a proveer de préstamos a universitarios para costear la
“matrícula de sus estudios, material
didáctico y gastos de manutención”: una para estudiantes de grado, otra
para estudiantes de posgrado. El importe mínimo de ambas constaría de
600€, y el máximo de 56.000€ ó 14.000€ por año en grado, y 28.000€ ó
14.000€ por año en posgrado. Constarán las dos de un plazo de devolución
de 2 a 8 años, con cuotas mensuales.
Ésta no es la primera vez que el Banco Santander “mete mano” en la universidad pública. Sólo en 2011 el grupo Santander publicó más de 50000 becas universitarias, además de tener en desarrollo más de 4000 proyectos de colaboración con universidades iberoamericanas, destacando entre ellos la financiación de los cursos de verano de distintas instituciones académicas como la Universidad Complutense de Madrid. No en vano, con la muerte del antiguo jefe del grupo, todas las universidades públicas unánimemente se apresuraron en rendir homenaje al que se había convertido en su principal mecenas.
¿Por qué el Santander lanza esta campaña en este momento?, sencillo: por un lado el incremento de las matrículas universitarias en la mayoría de autonomías ha elevado en índices de más del 100% su precio, por otro las ayudas al estudio no han hecho más que reducirse en cantidad y cuantía, habiendo actualmente sólo un 16% de universitarios que reciben alguna ayuda al estudio según la CRUE. Ante ésta realidad se genera una incapacidad de costear los precios públicos de las carreras de donde las entidades financieras pueden sacar ventaja, generándose el binomio estudiantes expulsadas/estudiantes endeudadas.
Un ejemplo escalofriante que retrata este problema es el de Estados Unidos: el conjunto de la deuda universitaria estadounidense supera el billón de dólares, 36 millones de estadounidenses tienen deudas por sus estudios, 2/3 de los universitarios son financiados con préstamos.
Los préstamos no son garantía de estudio, de la misma forma que la precariedad no es garantía de trabajo en condiciones dignas, sino garantía de sometimiento y de gravamen hipotecario durante la vida adulta de los actuales estudiantes. La reforma universitaria que pretende hacer de la enseñanza superior un agente al servicio del tejido privado realmente existente conlleva un aumento de la financiación privada en detrimento de la pública, y como contrapartida el paso de un sistema basado en becas a un sistema basado en créditos.
Ésta no es la primera vez que el Banco Santander “mete mano” en la universidad pública. Sólo en 2011 el grupo Santander publicó más de 50000 becas universitarias, además de tener en desarrollo más de 4000 proyectos de colaboración con universidades iberoamericanas, destacando entre ellos la financiación de los cursos de verano de distintas instituciones académicas como la Universidad Complutense de Madrid. No en vano, con la muerte del antiguo jefe del grupo, todas las universidades públicas unánimemente se apresuraron en rendir homenaje al que se había convertido en su principal mecenas.
¿Por qué el Santander lanza esta campaña en este momento?, sencillo: por un lado el incremento de las matrículas universitarias en la mayoría de autonomías ha elevado en índices de más del 100% su precio, por otro las ayudas al estudio no han hecho más que reducirse en cantidad y cuantía, habiendo actualmente sólo un 16% de universitarios que reciben alguna ayuda al estudio según la CRUE. Ante ésta realidad se genera una incapacidad de costear los precios públicos de las carreras de donde las entidades financieras pueden sacar ventaja, generándose el binomio estudiantes expulsadas/estudiantes endeudadas.
Un ejemplo escalofriante que retrata este problema es el de Estados Unidos: el conjunto de la deuda universitaria estadounidense supera el billón de dólares, 36 millones de estadounidenses tienen deudas por sus estudios, 2/3 de los universitarios son financiados con préstamos.
Los préstamos no son garantía de estudio, de la misma forma que la precariedad no es garantía de trabajo en condiciones dignas, sino garantía de sometimiento y de gravamen hipotecario durante la vida adulta de los actuales estudiantes. La reforma universitaria que pretende hacer de la enseñanza superior un agente al servicio del tejido privado realmente existente conlleva un aumento de la financiación privada en detrimento de la pública, y como contrapartida el paso de un sistema basado en becas a un sistema basado en créditos.
Ni hipotecas para estudiar
ni expulsiones por no pagar
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